¿DEMOCRACIA SIN SISTEMA ELECTORAL?
Rómulo Lares Sánchez. Caracas, enero 19, 2006.
Los políticos se empeñan en convencer al país y a la comunidad internacional que en Venezuela existe un Sistema Electoral-SE aceptable para elegir funcionarios y dirimir diferencias políticas.
El Sistema Electoral-SE es rechazado por la gran mayoría de la población. Esta sería la explicación de la abstención abundante que se produjo con el record abstencionista del pasado 4 de diciembre de 2005. Si vamos a hablar de democracia es absolutamente imprescindible disponer de un SE que reúna las condiciones mínimas para garantizar la aceptación nacional de los resultados que se deriven de su funcionamiento.
La realidad objetiva en relación con la actividad electoral organizada por el Consejo Nacional Electoral-CNE, es que tanto la ilegitimidad de su composición, a todos los niveles, directiva, gerencias nacionales, regionales, así como la de las juntas electorales, pero sobre todo, la absoluta ilegalidad de sus actuaciones, tanto administrativas, como aquéllas directamente relacionadas con la organización de un acto electoral, tales como, para sólo mencionar dos de las múltiples razones que individualmente una sola de ellas sería causal suficiente para anular íntegramente dichos actos. La primera el registro electoral-RE y su dependencia de una identificación y cedulación viciada, la segunda, las condiciones mínimas que deben existir para que se pueda garantizar la participación equilibrada, libre, tanto de candidatos como de electores, las que en Venezuela claramente no existen, suficiente tan sólo constatar la gestión de los diversos medios de comunicación social, escritos, radio, televisión; la retaliación, discriminación, maltrato, hasta la persecución política manifestada de diversas maneras, en contra de ciudadanos por haber ejercido o haber tratado de ejercer sus derechos constitucionales al solicitar las convocatorias del Referéndum Consultivo sobre la gestión del para ese momento presidente legítimo Hugo Chávez, y las solicitudes de dos referéndum revocatorios; las absolutamente evidentes y bochornosas manipulaciones de los recursos de la Nación, de los estados y municipios; la parcialidad, inherencia y abuso tanto del Poder Judicial como de la Fuerza Armada Nacional-FAN. Es decir hay coacción, hay temor, hay miedo generalizados y así no es posible convocar un acto electoral libre, sí lo es convocar “pantomimas”.
¿Cuál es el país que queremos construir?, ¿corresponde ese país con el proyecto que por la fuerza pretenden imponer los funcionarios “elegidos mediante aquel farsa-voto”?, ¿es conveniente aceptar y promover la prostitución de las instituciones, entendiéndola como única alternativa política, ante las desviaciones y el colapso de las instituciones públicas? Atender democráticamente estas interrogantes requiere de debates, discusión, desde la académica hasta la de los vecinos, fundamentalmente de la participación popular. Determinar cuál es el rumbo que queremos los venezolanos para el país, la nación, requiere de un SE de consenso, eficiente, eficaz, transparente y por lo tanto aceptado por las mayorías.
La situación hoy es trágica, como bien lo ha manifestado un a vez más Su Eminencia Rosalio Cardenal Castillo Lara en su reciente homilía barquisimetana. Desde el punto de vista electoral lo es, porque el 4D05 se ilegitimó e ilegalizó el último poder público nacional al que le quedaba un cierto grado de legitimidad, la Asamblea Nacional-AN. Ya habían dejado de ser legales, por los fraudes continuados electorales, el Presidente de la República, cuando el 15A04 Hugo Chávez perdió su cualidad legítima recibida por mandato popular en A00. Luego se ilegitimaron e ilegalizaron los alcaldes, gobernadores, diputados a las asambleas legislativas de los estados, consejeros municipales y miembros de juntas parroquiales en las elecciones de A05 y 4D05. Tiene razón el cardenal, así como los venezolanos que han expresado su preocupación y calificado la situación nacional de extremadamente grave. El poder público nacional, el de los estados y el de los municipios son ilegítimos e ilegales. Este es el rostro del gran drama político de Venezuela, en cuanto a nuestra capacidad para encontrar soluciones institucionales. Todos los elegidos se fueron haciendo paulatinamente cómplices de la desviación institucional promovida por el poder ejecutivo y los demás poderes públicos nacionales. La renuncia de candidatos a las elecciones para la AN a 4 días del 04D05, no los exonera ni tampoco a los partidos políticos que los postularon, de la altísima responsabilidad en el caos institucional que vive hoy Venezuela.
Ahora pretenden los políticos que los ciudadanos acepten “el borrón” de las elecciones fraudulentas, y hablemos de campaña presidencial! Qué bochorno! ¿Cómo se puede construir una sociedad equilibrada bajo estos parámetros?, ¿con éstos principios éticos?
Para que comencemos a hablar de democracia, de la recuperación de la imperfecta cuyo proyecto se inició en 1958, es necesario que nos pongamos de acuerdo sobre un SE. Que sean reestablecidas las leyes, reglamentos y normas violadas. Que sea reestablecido el sentido común del Poder Electoral, del órgano desde donde se ejerce, el Consejo Nacional Electoral-CNE. No iniciar el debate y la recuperación de la paz con este tema, equivale a “seguir vendiendo el sofá”. ¿Es eso lo que quieren las actuales generaciones de venezolanos? Definitivamente NO lo creo. Aseguraría que no.
Los ciudadanos que creen que el debate trascendente hoy es la “candidatura presidencial”, la del 2006 particularmente!, deben responderle al país primero sobre cuál es la prioridad. La realidad de la desaparición del voto y por lo tanto de la democracia, ratificada por la desaparición de las instituciones públicas, y por el carácter apátrida de algunas instituciones entre ellas la Fuerza Armada Nacional-FA, o ¿es que la entrega de sectores exclusivos de la nacionalidad y la seguridad de la Nación tales como la identificación, naturalización, emisión de cédulas de identidad y pasaportes a naciones extranjeras, –desnaturalizando los actos electorales por la fractura del Registro Electoral-RE - no tienen ni tendrán consecuencias para todos los responsables de semejantes actos de verdadera traición a la patria? ¿Es posible que algún miembro del Gabinete Ejecutivo, de los demás poderes públicos, de la Fuerza Armada, pueda argumentar su inocencia por desconocimiento ante tales violaciones flagrantes de la Constitución y de las leyes de la República? Fundamentalmente, ¿cómo esperan estos candidatos, los partidos y agrupaciones políticas que los respaldan en estas circunstancias, que sean también ellos exonerados de su complicidad y neutralizados los vicios parciales enumerados en estas breves líneas anteriores, con relación al SE?, que sólo conducirían a un engaño más, en hacer creer falsamente que por medio del VOTO que tenemos sería posible “elegir” en Venezuela.
La experiencia documentada de las actuaciones del CNE y de los partidos políticos, prácticamente sin excepción, desde los preparativos del Referéndum Consultivo de 2003 sobre la gestión de Hugo Chávez, abortado por su inherencia y sabotaje, con la complicidad de los otros poderes públicos, fundamentalmente por las decisiones contradictorias del Tribunal Supremo de Justicia-TSJ, hasta la elección que se desarrollaría este año, al margen de la lógica, de la ética y de las leyes, para supuestamente elegir un Presidente de la República, permite sin lugar a equivocaciones concluir, que será una vez más un acto que además de las características de ilegitimidad e ilegalidad subrayadas, determinará, cualesquiera que sea la “cifra oficial de abstención”, un resultado distante de la verdadera voluntad de los ciudadanos, tanto de los que “participen asistiendo” como de los que “participen no asistiendo”. Es decir, en mi criterio, basado en el conocimiento detallado del CNE, es imposible que cualquier acto electoral organizado por esa “farsa-institución”, refleje de alguna manera la realidad electoral venezolana. Reflejará simplemente el resultado que disponga quien la tiene bajo su control.
Cómo simple conocedor de la materia electoral. Como simple ciudadano. Como demócrata. La conclusión sería: no hay salida electoral posible en las circunstancias actuales. Se requiere de arduo trabajo de saneamiento del CNE y de las instancias que alimentan e interactúan con el RE, tales como la ONIDEX y las autoridades municipales. Tanto las finanzas públicas para dotar al CNE como su administración deben ser absolutamente transparentes. La FA si es requerida por el CNE debe estar subordinada exclusivamente a las legítimas autoridades electorales. La observación electoral debe ser profesional y autónoma, además la transparencia en todas las actividades electorales tiene que estar garantizada y acordada. Todo esto requiere de la participación activa de los ciudadanos absoluta y necesariamente, quienes ejercen el control final del Poder Público Electoral, del verdadero poder ciudadano.
Los poderes públicos nacionales, de los estados y de los municipios no pueden disponer de sus presupuestos, de su personal, de sus equipos ni recursos para promover alguna actividad electoral, ni mucho menos y de ninguna manera presionar, perseguir, atacar, amenazar a los ciudadanos. Es descarada la presión policial y judicial en contra de adversarios, se presenta abiertamente la figura del “preso político”. Los niveles de violencia con lesiones y muerte son de los más altos del mundo. El país debe gozar de absoluta libertad de expresión e información; los medios de comunicación social deben estar fundamentalmente al servicio de la sociedad, no pueden actuar bajo presiones de ninguna índole, tales como las leyes especiales que incitan a la denominada “autocensura”, ni a los abusos de la administración fiscal o de divisas. Tampoco pueden estar sometidos al servicio de los intereses de sus propietarios, sean del Estado o de capital privado, por que se colocan de espaldas a la sociedad civil y al ciudadano.
Entonces podríamos hablar del Sistema Electoral-SE y del VOTO. Después podríamos comenzar a hablar de DEMOCRACIA.
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